Legalidad universitaria

Uno de los principios básicos de todo estado democrático de derecho es el imperio de la ley. Es decir, que todas las instituciones, públicas o privadas, deben estar sometidas a la legalidad. Otro de los principios básicos de un estado moderno es la demarcación clara entre lo público y lo privado. Y otro es la separación entre el Estado y las confesiones religiosas. Pues bien, hay razones para sospechar que estos tres pilares de la democracia están siendo conculcados en la Región de Murcia en el terreno de la política universitaria.

El primero porque, en virtud de los acuerdos entre España y el Vaticano (conocidos popularmente como el Concordato), hay un tipo de Universidades, las Universidades de la Iglesia, que no están sujetas ni a las reglas, requisitos y controles legalmente establecidos para las Universidades públicas ni tampoco a las reglas, controles y requisitos legalmente establecidos para las Universidades privadas. La consecuencia es que dichas Universidades, como es el caso de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) se sitúan en una “zona gris”, en una especie de limbo legal en el que, por un lado, el Estado tiene la obligación de reconocer sus títulos pero, por otro, carece legalmente de competencias para verificar que se cumplen ciertos requisitos que garanticen la idoneidad de dichos títulos. Lo que significa que, a diferencia de las demás universidades, tanto públicas como privadas, las de la Iglesia disfrutan de un cheque en blanco para impartir títulos con la misma validez que las que sí están sometidas a requisitos y controles legalmente fijados.

La necesaria demarcación entre lo público y lo privado también se difumina desde el momento en que una Universidad no sometida a control público, y que, como es el caso de la UCAM, tiene como titular a una sola persona, recibe fondos públicos y un trato de privilegio por parte del gobierno regional en detrimento de las propias universidades públicas. Nos encontramos con que recursos públicos son entregados a manos privadas. Si además se tiene en cuenta que estos tratos entre instituciones públicas y negocios privados incluyen adquisiciones de suelo público y recalificaciones de terrenos, la cosa resulta especialmente seria. Y más todavía si, como sucede, una de las personas que gestionó una de esas adquisiciones está procesada precisamente por presuntas irregularidades en operaciones de este tipo (concretamente un general que gestionó la adquisición por parte de la UCAM de terrenos del Ministerio de Defensa).

En cuanto a la separación entre las confesiones religiosas y el Estado, ésta queda totalmente desvirtuada desde el momento en que, por el mero hecho de ser de la Iglesia, se exime a un proyecto de universidad de cumplir los requisitos que sí se exigen a cualquier otra universidad (incluidas las universidades católicas privadas que no son de Iglesia, que las hay) y además se le concede un trato de favor con relación a las universidades a las que sí se le exigen esos requisitos.

Resumiendo: debido, por una parte, al Concordato y, por otra, al trato de favor concedido por el Gobierno regional y los Ayuntamientos de Murcia y Cartagena, hay una institución que, por el mero hecho de ser de la Iglesia, sin más requisito, ve homologados sus títulos y, además, se beneficia de generosas subvenciones públicas y un trato de favor por parte de la adminsitración educativa. O sea, recursos públicos puestos a disposición de una entidad privada que, por ser de la Iglesia, no está sometida la legalidad universitaria. Conclusión: ni principio de legalidad, ni demarcación de lo público y lo privado ni separación Iglesia-Estado.

Para intentar cambiar eso se ha constituido la Plataforma por la Democracia Universitaria, en la que se ha integrado la agrupación de la Región de Murcia de Unión Progreso y Democracia.

Sólo le pondría dos pegas a la Plataforma. Una es que no me convence mucho el nombre; pero lo importante es su objetivo fundamental, que es la defensa de la legalidad universitaria (que es como yo hubiera llamado a la plataforma, porque creo que es lo que es: una plataforma en defensa de la legalidad universitaria). La otra pega es que es demasiado tímida en sus planteamientos, porque no incluye entre sus objetivos la crítica a la regulación que hace el Concordato de las Universidades de la Iglesia. Es verdad que ese es un asunto que desborda el ámbito regional de la plataforma. Pero también lo es que, mientras exista la obligación por parte del Estado de reconocer validez oficial a los títulos de unas instituciones (las universidades eclesiásticas) que están eximidas de cumplir los requisitos legales que se exigen al resto de las universidades (incluidas, repito las privadas, sean católicas o no), estos problemas serán inevitables gobierne quien gobierne y gobierne como gobierne en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en los Ayuntamientos de la Región.

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9 Responses to Legalidad universitaria

  1. Manuel dice:

    Me alegra profundamente el paso que ha dado esta plataforma. Es escandaloso lo que está pasando en esta Región con el Sr. Mendoza. Desde partidos políticos a medios de comunicación. Y cuando hablo de partidos políticos me refiero al PP por sus competencias a nivel regional, y también al PSOE, que a nivel nacional tiene una importantísima función de velar por el correcto funcionamiento y destino de los fondos de la Fundación San Antonio y que pudiera incurrir en dejación de funciones si no vela por el mismo. Y cuando hablo de medios de comunicación, me refiero a aquellos que teniendo información no la usan (caso de una cadena de radio muy conocida y que no ha dado la noticia de la plataforma universitaria; hay otra también conocida, pero que por sus tintes era evidente que no la iba a dar) y a un periódico, que cada vez que sale una noticia relacionada con este sujeto, la disfraza y no le da el trato que le tuviera que dar.

    Un estudiante cualquiera

  2. Gabriel garcía Sánchez dice:

    Mi comentario es bien simple. Me parece bastante atinado lo que dices. De hecho, ya he publicado en prensa artículos de opinión en relación a la impunidad con que se mueve la UCAM y los favores que recibe su amo (Mendoza) procedentes de diversas administraciones públicas.
    Saludos.
    Gaby

  3. Luis F. Rull dice:

    Me deja atónito la declaración de la denominada “Plataforma por la Democracia Universitaria”, sobre todo por la declaración de principios y por los firmantes.
    Me explico. Entre sus principios hay algo tan peligroso como la participación democrática. Significa eso que sin poner ni un sólo euro van a gobernar la Universidad los profesores, los alumnos y el PAS. O sea que si la Universidad va muy mal, por ejemplo NUNCA está entre las que aparecen en los rankings serios de evaluación mundial, el Rector elegido “democráticamente”, con mucha participación democrática, NO tiene que dar cuentas a NADIE!.
    Otra cuestión, veo a IU y al PSOE entre las Organizaciones Firmantes. ¿Han hecho algo estos partidos, tanto gobernando como en la oposición por mejorar la clasificación de las Universidades españolas en estas evaluaciones?. ¿O es que la última Ley de Universidades aprobada en el Congreso de los Diputados y propuesta por el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapataero corrige la endogamia universitaria?.
    Mi conclusión es que UPyD está cometiendo el mismo error que cualquier otro partido. Apuntarse a lo que diga el PSOE le va a suponer el denominado “Abrazo del Oso”. Más le valdría tener sus propias opiniones y no dejarse arrastrar por simplezas del pasado que no han beneficiado en nada al sistema de enseñanza superior en España.

  4. Jesús dice:

    El artículo me parece muy acertado: relata a la perfección la situación de la UCAM y de la universidad pública en la Región de Murcia. Pero, en mi opinión, no es que no se deba financiar con dinero público a la UCAM únicamente por ser una universidad situada en un limbo legal fruto de dicho contrato entre el Vaticano y el Estado, sino que también hay que tener en cuenta que el dinero público procede de los impuestos que todos pagamos y su función es precisamente la de posibilitar una redistribución de la riqueza, de forma que todos contemos con los mismos derechos y oportunidades. Pues bien, esta función de la fiscalidad queda corrompida desde el mismo momento en que se financia con dinero público una universidad privada, ya que éstas sólo son accesibles para una pequeña parte de la población capaz de pagar las grandes tasas de las matrículas. Así pues, la mejor forma de garantizar la igualdad de oportunidades es gastar el dinero público en aquello por lo que éste tiene su razón de ser: las instituciones públicas a las que todo el mundo tiene acceso independientemente de su nivel adquisitivo.

  5. Manolo dice:

    Deseo hacer dos observaciones a los interesantes comentarios de Luis F. Rull.
    1. Es cierto que el principio de participación democrática ha sido utilizado a menudo para justificar políticas universitarias demagógicas que son nefastas para la calidad de nuestras universidades. Así que comprendo perfectamente que le provoque suspicacias. No obstante, los principios que se invocan en el manifiesto son: el derecho universal a la educación, la calidad en la formación de los universitarios, la excelencia en la investigación, la libertad de enseñanza, el derecho a la libre creación y elección de centros docentes, el principio de mérito y capacidad, la transparencia y legalidad en la gestión, y, por último, la participación democrática. La participación democrática es uno de ellos, no el único, y en ningún momento se pone por encima de los demás. Por lo tanto no me parece justificado deducir que de estos planteamientos se siga que los rectores no tengan que rendir cuentas a nadie.
    2. Sobre las organizaciones firmantes. De nuevo estoy de acuerdo con Ud. en que PSOE e IU (y yo añadiría alguna otra) han hecho poco por elevar el nivel de las Universidades, y menos aún por corregir la endogamia universitaria. Yo soy muy crítico con la política universitaria (y educativa en general) de PSOE e IU, y esa es además una de las razones por las que estoy en UPyD: tratar de corregir, desde una perspectiva laica y progresista, el desaguisado que a mi juicio han armado en el sistema educativa los dogmas “progres” aplicados por PSOE, IU y el resto de las organizaciones que se definen como de izquierda. En este sentido puede estar seguro de que no es ni mi intención ni la de UPyD practicar ningún tipo de seguidismo del PSOE en materia educativa (ni en ninguna otra). Lo que sí deseamos evitar es caer en el sectarismo político imperante a nuestro juicio en los demás partidos. Y esto significa que, ante cualquier iniciativa, lo que evaluamos son los argumentos y, si éstos nos convencen, no tenemos inconveniente en coincidir con otras organizaciones democráticas, sean el PSOE, IU o el PP. En este caso, la iniciativa ha partido de los representantes estudiantiles de la Universidad de Murcia (no del PSOE ni de IU), que han denunciado, con toda la razón del mundo, una situación que realmente es escandalosa. Y no hubiera sido coherente ni con nuestro estilo político ni con nuestro ideario ni con nuestro programa electoral no apoyar una protesta que está plenamente justificada por el hecho de que también la apoyaran el PSOE e IU, por mucho que estemos tan en desacuerdo como Ud., y me da la impresión de que básicamente por las mismas razones, con aspectos muy importantes de su política educativa en general y universitaria en particular. Esta iniciativa tiene un fin muy concreto, que es denunciar un escándalo que puede ser muy perjudicial para la calidad de la enseñanza y la investigación en la Región de Murcia. No es una coalición en política educativa con los demás partidos firmantes.

  6. Luis F. Rull dice:

    Gracias por su respuesta. Permítame matizar:

    1. Es que los Rectores NO rinden cuentas a nadie!. Fíjese que puede que lo hagan ante el Claustro, pero lo tienen muy sencillo, en el Claustro hay profesores, alumnos y PAS. ¿Alguno de estos sectores cuestionan algo que no sea lo que se denominan sus reivindicaciones?, a saber: a) En el sector PDI, la promoción, y dése cuenta lo fácil que se lo ha puesto la nueva Ley de Universidades. b) Los alumnos, ¿de verdad se van a preocupar de que su Universidad se coloque en los rankings internacionales al nivel que debería estar? y finalmente c) el PAS, su patrón es el Rector, pero lo mejor, ellos lo eligen!, éste sólo dará cuenta de la RPT, y no mucho más.

    Soy muy pesimista.

    2. Si he mencionado al PSOE y a IU es porque son los únicos partidos políticos que firman el Manifiesto. Mi opinión es que UPyD debería, como organización NUEVA en España, tener su propio Manifiesto. Pero desde luego no voy a ser yo quién exija nada a algo que está recién nacido.

  7. Manolo dice:

    1. Sinceramente, yo también soy bastante pesimista. Pero, por volver al tema de mi artículo, si los requisitos, controles y evaluaciones a que están sometidas las universidades públicas y, en menor medida, las privadas, son insuficientes para garantizar la calidad de la formación y la excelencia de la investigación, ¿qué no sucederá en una universidad que no está sometida ni siquiera a esos requisitos, evaluaciones y controles y que encima sale adelante gracias al dinero del contribuyente y a operaciones urbanísticas? Estamos ante un verdadero fraude.

    2. Ciertamente, UPyD debe tener una línea política autónoma. Y la tiene: ahí están su manifiesto fundacional y su programa electoral, que, lógicamente, contiene sus propuestas de política universitaria. Se puede discrepar de ellas, pero no se puede negar que las tiene, y son diferentes de las de los demás partidos. Lo cual no impide que, ante un escándalo como el de la Universidad Católica de Murcia, no se nos caigan los anillos por coincidir en la protesta con otros partidos y organizaciones. Pero sí, es importante que tengamos, en esto como en las demás cosas, una voz propia.

  8. Yo he sido estudiante en dos universidades: la de Murcia (pública) y la UCAM (privada). Y he de decir que es bochornoso el consentimiento de la autarquía que gestiona la UCAM. Aquello no funciona como una institución docente, sino como una empresa expendedora de títulos al por mayor, donde el estudiante sólo figura como potencial comprador. Creo que la iniciativa de la plataforma está bien y hay que apoyarla, pero dudo de su contundencia crítica estando de por medio el binomio Iglesia-Estado en una comunidad donde el gobierno regional actúa con la misma tranquilidad que el PRI mejicano.

  9. Francisco J. Montoya dice:

    Un apunte al interesante cruce de comentarios entre Manuel Hernández y Luis F. Rull:
    Está más que claro que no son una ni dos las cosas que habría que mejorar en la Universidad española y en su gestión. Pero hay algo de lo que yo empiezo a estar algo cansado, y es de que cada vez que aparece alguna iniciativa tendente a mejorar una de esas muchas cosas, la que sea, se alce un coro de voces recordando lo muy importantes que son las otras cosas a las que esa iniciativa no presta atención.
    Si uno está de acuerdo con el punto criticado y con lo expuesto, creo que moralmente está en la obligación de apoyar la iniciativa, con los matices y críticas que sean, pero sin salirse del tema.
    Y si considera más importantes otras cosas, siempre puede emprender otras motu proprio. Y si ya lo hace, mi enhorabuena, pero por favor, no pongamos palos en las ruedas de quien intenta hacer lo que cree que es correcto. A menos que para ello hayan otros motivos que a mí se me escapan (o no).

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