¿Quién teme a la laicidad?

La palabra “laicidad” asusta a alguna gente. No debería hacerlo, porque la laicidad es, simplemente, la separación entre el Estado y las confesiones religiosas. Es la aplicación consecuente del precepto constitucional que establece que “ninguna religión tendrá carácter estatal”. O sea, que el Estado no tiene religión. O sea, que es laico. Porque eso es lo que significa que el Estado sea laico. Nada más, pero también nada menos.

¿Por qué el Estado debe ser laico? Pues porque uno de los pilares de la democracia es la libertad ideológica, que incluye, aunque no se limite a ella, la libertad religiosa. Y porque otro de sus pilares es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sean cuales sean sus opciones filosóficas o religiosas. Y sólo si el Estado carece como tal de religión puede garantizarse la libertad de conciencia y, en consecuencia, la libertad religiosa o de cultos. La laicidad del Estado y la libertad religiosa no son dos principios contrapuestos entre los que haya que buscar un punto de equilibrio. Son las dos caras de la misma moneda. Cuando mayor y más clara sea la separación entre el Estado y las confesiones religiosas, más libertad ideológica y, por lo tanto, también religiosa, habrá. Del mismo modo que sólo hay libertad política si ningún partido ni ninguna doctrina de partido es oficial. Es así de simple.

¿Por qué entonces la palabra “laicidad” asusta tanto a algunos ciudadanos? ¿Por qué algo tan básico genera desconfianza? En algunos casos, sin duda, los asustados son personas que entienden perfectamente su significado pero, sencillamente, rechazan la libertad de conciencia. En efecto, estamos asistiendo a un auge preocupante de fundamentalismos teocráticos de diverso signo que pretenden imponer sus preceptos religiosos al conjunto de los ciudadanos. En otros casos, se trata de personas o grupos que se resisten a renunciar a determinados privilegios o que aspiran a conseguirlos. Pero sería injusto pensar que todos los que desconfían de la laicidad son fundamentalistas o detentadores de privilegios. Hay muchos demócratas sinceramente partidarios de la libertad de conciencia, que ni disfrutan ni desean disfrutar de ningún privilegio y a los que repugna la mera idea de imponer sus creencias a los demás o de discriminar a nadie por no compartirlas y que, a pesar de todo, desconfían cuando oyen hablar de laicidad o, al menos, quitan importancia al asunto, como si la separación de Estado y religión fuera algo irrelevante.

Y esto es lo realmente preocupante. Que la laicidad del Estado sea rechazada por integristas o aprovechados es lo normal. En cambio, que sea rechazada o banalizada por ciudadanos demócratas y honestos sí es una anomalía sobre la que conviene reflexionar. ¿Por qué la laicidad no es reconocida y reivindicada por todos los demócratas como lo que es: la condición de posibilidad de la convivencia en libertad e igualdad en una sociedad plural? Pienso que parte de la explicación está en algunos malentendidos sobre lo que la laicidad significa.

Un primer malentendido es la identificación del laicismo, entendido como la defensa de la laicidad del Estado, y el anticlericalismo, entendido como la hostilidad e incluso la persecución del clero y, en general, de la religión. Una identificación absurda, puesto que no hay nada más opuesto a la laicidad que cualquier forma de discriminación, no digamos persecución, por motivos ideológicos o religiosos. La laicidad es incompatible con toda discriminación o persecución religiosas; es más, su motivación fundamental es precisamente garantizar la libertad de cultos y la igualdad de derechos entre los ciudadanos con independencia de sus creencias. Los laicistas no rechazan las discriminaciones o persecuciones religiosas a pesar de ser laicistas, sino porque lo son.

Otro malentendido frecuente es confundir laicidad con ateísmo de estado del tipo del que existía en la antigua Unión Soviética. Pero la Unión Soviética era justamente lo contrario de un Estado laico. Era un Estado plenamente confesional, en el que había una ideología oficial, el marxismo-leninismo, que incluía una filosofía oficial, el materialismo dialéctico (un verdadero engendro filosófico, pero eso es otro tema). Un estado confesionalmente ateo es tan confesional como uno confesionalmente católico o musulmán y, por lo tanto, tan inaceptable para un laicista como éstos y por las mismas razones.

Un tercer malentendido consiste en pensar que, en un estado laico, se prohíbe la expresión pública de las creencias religiosas y los creyentes están obligados a practicar su religión exclusivamente en el ámbito privado, en una especie de semiclandestinidad. No es así. Cuando los laicistas dicen que la religión pertenece a la esfera de lo privado, no de lo público, “público” significa “oficial”. Lo que se pide es que los actos y edificios oficiales no tengan carácter religioso o simbología religiosa (igual que no pueden tener simbología de un partido, un sindicato o una ONG), o que los representantes públicos, salvo excepciones justificadas, no participen en actos religiosos en calidad de tales. Lo cual es compatible con que cualquier persona o grupo expongan públicamente sus creencias religiosas. Un estado laico democrático no sólo permite, sino ampara el derecho de cualquier persona o grupo a manifestar públicamente sus opiniones, sean o no de naturaleza religiosa, siempre que lo haga de manera pacífica. La libertad de expresión, manifestación, prensa, etc. abarcan, como no puede ser menos, las creencias religiosas. Los únicos actos que no pueden ser confesionales son, repito, los actos oficiales. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en esos actos se representa a todos los ciudadanos, no sólo a los de una determinada confesión religiosa o grupo político; de ahí que los únicos símbolos que procedan son los que representan a todos los ciudadanos de su ámbito territorial sin excepción.

Un cuarto malentendido es que en un estado laico ninguna entidad confesional puede recibir subvenciones públicas, con lo que organizaciones humanitarias de carácter religioso se verían privadas de los medios económicos necesarios para desempeñar su labor. Eso tampoco es cierto. El Estado subvenciona la valiosa labor cultural, social o de cooperación internacional que realizan numerosas organizaciones privadas, sean o no religiosas, que llegan allí donde no llega la acción del propio Estado. Un Estado laico no debe subvencionar a las iglesias o confesiones religiosas como tales, pero sí la valiosas labores humanitarias que puedan llevar a cabo. Evidentemente, el Estado debe supervisar dicha labor y el destino de las ayudas, pero eso vale igual para organizaciones no confesionales.

Un último malentendido que conviene aclarar es la idea de que un Estado laico tolera a las organizaciones religiosas pero sólo en la medida en que éstas se someten a su autoridad. Nada más falso. Lo único que el Estado tiene derecho y obligación de exigir a las organizaciones religiosas es lo que tiene derecho y obligación de exigir a cualquier organización de cualquier tipo y al conjunto de los ciudadanos: el respeto a las leyes. Más allá de eso un Estado laico, precisamente por serlo, tiene vetada toda ingerencia en la doctrina, el culto, las declaraciones y manifestaciones y la organización interna de las comunidades religiosas. Donde no sucede eso es en los Estados en que una confesión es oficial, porque, desde el momento en que lo es, el Estado tiene derecho a intervenir. O en los Estados en que la financiación de una confesión corre a cargo del presupuesto público, porque eso deja a la confesión de que se trate expuesta a un chantaje permanente por parte del poder político. Suele pasarse por alto, y hacerlo es un error grave, que la independencia del Estado y las iglesias va en los dos sentidos. En un Estado laico el Estado es independiente de las iglesias, pero también las iglesias son independientes del Estado, cosa que no sucede en los regímenes confesionales.

Después de tres décadas de democracia, no debería ser necesario defender y explicar estas cosas. Desde luego, algo se ha hecho mal para que que no puedan darse por supuestas. ¿Qué se ha hecho mal y quién lo ha hecho mal? A mi juicio, los principales responsables no son los líderes religiosos de ninguna confesión, ni los grupos integristas, sino una clase política que, por puro oportunismo, ha renunciado a hacer el esfuerzo de pedagogía democrática que exigía esta delicada cuestión. Y esa falta de pedagogía democrática es la causa fundamental de que la laicidad siga siendo tabú para demasiada gente. Y, en este punto, contra lo que mucha gente piensa, nuestra izquierda es tan responsable o más que nuestra derecha. Pero esto es tema para otro artículo.

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