Como muestra, un botón

Como muestra de que, en efecto, no andábamos tan despistados, pueden leer el artículo de Bonifacio de la Cuadra que hoy publica El País: Bipartidismo bastante imperfecto. En él, además de las críticas habituales, ya afortunadamente bastante generalizadas, a la manera en que los partidos eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, se añade una inquietante hipótesis. Se invita al lector a que imagine la situación de un posible gobierno de gran coalición PP-PSOE (un gobierno que gobernara “sin crispación”, dice irónicamente). Nos encontraríamos ante un escenario en el que la subordinación del gobierno de los jueces al ejecutivo sería absoluta. Y, añado yo, no hace falta imaginar esa situación extrema, aunque posible. Basta con imaginar situaciones en las que tanto al PP como al PSOE les interese alguna medida política que suponga un atropello legal. Y estas situaciones no son sólo posibles, sino más que probables.

Pero quedémonos con lo positivo. Durante la legislatura anterior, para los medios afines al Gobierno, el problema era que el PP crispaba a base de politizar la justicia. Y lo hacía por medio de la mayoría “conservadora” (o sea, sus delegados en el CGPJ). Además, bloqueaba la renovación del Consejo para mantener esa mayoría. La solución estaba supuestamente en que el PP abandonara su actitud obstruccionista y se produjera la renovación. De ese modo, podría lograrse una mayoría “progresista” que dejara de obstaculizar las fantásticas reformas que proponía el Gobierno. Algunos veíamos las cosas de otra manera. Para nosotros esta visión era sólo parte de la verdad. La otra parte era que los miembros del sector “progresista” actúan también como delegados del partido que los propone y que una hipotética mayoría “progresista” significaría un gobierno de los jueces sometido al ejecutivo. Y la solución, por lo tanto, estaba en acabar con el sistema de cuotas partidistas en la elección del Consejo. O sea, que el problema no era el deseo del PP de politizar la justicia al servicio de sus intereses partidistas, sino el deseo del PP y del PSOE de hacerlo.

Ahora que se han repartido la tarta como buenos amigos, parece que esos mismos medios se han rendido a la evidencia de que este no es un conflicto entre un PP malo y facha y un PSOE bueno y demócrata, sino un conflicto entre los intereses de ambos grandes partidos y los de la ciudadanía en su conjunto, que ve amenazado uno de sus derechos más valiosos, el de una justicia independiente.

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