Carpetazo (de momento)

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha archivado la causa contra Otegui y compañía y contra Ibarretxe, López y Ares por entrevistarse con ellos. La razón: que sólo pedía el procesamiento la acusación popular. Una doctrina preocupante, porque, en juicios por presuntos delitos en los que no hay una víctima particular, deja en manos de la fiscalía que haya o no proceso. Esto significa conceder para ciertos delitos un derecho de veto a la fiscalía, con la consiguiente indefensión de los ciudadanos frente a presuntos delitos cometidos por el Gobierno que nombra al Fiscal General, o por otros cargos o dirigentes políticos cuyos actos que el Gobierno prefiere «sobreseer». O sea, la aplicación del principio de que las leyes deben aplicarse sólo «cuando lo aconseje la jugada», en desafortunada pero reveladora expresión de nuestro diputado por Murcia y Ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. Habrá recurso ante el Supremo, que esperemos siente jurisprudencia en este controvertido asunto.

Desde UPyD defendemos reformas legales (está en nuestro programa electoral) que supriman este derecho de veto de la fiscalía. Además de esta cuestión legal, se ha intentado presentar el proceso como un juicio al diálogo. Como es habitual en ciertos políticos, antes sólo nacionalistas y ahora también socialistas, se ha tratado de presentar una cuestión jurídica (la de si actuaron como cooperadores necesarios en un acto de desobediencia de Batasuna) como una cuestión política: la de los medios adecuados para poner fin al terrorismo de ETA. No era lo que se discutía en el juicio, pero el debate sí es importante. Me remito a la entrada «El relato final» y al artículo de Zarzalejos del mismo título que en ella se cita.